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PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL

LAS CÁMARAS DE COMERCIO EXPRESAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN Y SOLICITAMOSESPACIOS DE DIÁLOGO TÉCNICO SOBRE LAS RECIENTES DISPOSICIONES DEL OECE

Las Cámaras de Comercio expresamos nuestra preocupación respecto de las disposiciones contenidas en los proyectos de Directivas y modificaciones a normas reglamentarias, emitidas por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) respecto del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU). 

Las Cámaras de Comercio del país han desempeñado durante décadas un papel relevante en la administración de arbitrajes y otros mecanismos especializados de prevención y solución de controversias, contribuyendo a la seguridad jurídica, la continuidad de las inversiones y la adecuada ejecución de proyectos públicos y privados en todas las regiones del Perú. Por ello, resulta importante que cualquier cambio regulatorio considere la experiencia acumulada, la diversidad de realidades regionales y la necesidad de garantizar condiciones que permitan mantener una oferta descentralizada, eficiente y accesible de estos servicios.  

En particular, observamos que las nuevas exigencias propuestas en las referidas Directivas, vinculadas a aspectos organizacionales de las asociaciones sin fines de lucro como las Cámaras de Comercio, generarían impactos negativos, ocasionando tratamientos diferenciados que limitan progresivamente su participación y afectarían la cobertura nacional que actualmente brindan al sistema.

Asimismo, consideramos necesario evaluar cuidadosamente las implicancias que estas disposiciones podrían tener sobre los mecanismos de prevención y resolución temprana de controversias en proyectos de infraestructura pública, toda vez que la experiencia ha demostrado que dichos mecanismos contribuyen significativamente a evitar paralizaciones, reducir costos derivados de conflictos contractuales y promover una ejecución más eficiente de las obras en beneficio de la ciudadanía. 

También, es indispensable que cualquier modificación regulatoria de esta naturaleza se sustente en evidencia objetiva, análisis de impacto regulatorio y evaluación de resultados que justifiquen la adopción de medidas diferenciadas entre instituciones que actualmente operan bajo supervisión y dentro del marco legal vigente. 

De esta manera, apostamos por el fortalecimiento institucional del sistema a través del consenso, la participación y el diálogo técnico entre las autoridades competentes y los distintos actores involucrados. Las reformas regulatorias alcanzan mejores resultados cuando incorporan las experiencias, capacidades y aportes de quienes participan directamente en su aplicación. 

Finalmente, reafirmamos nuestra plena disposición para participar y contribuir, desde una perspectiva técnica y constructiva, al fortalecimiento de la contratación pública y de los mecanismos de solución de controversias que requiere el desarrollo del país, y confiamos que el diálogo institucional permitirá construir soluciones equilibradas que fortalezcan la transparencia, la seguridad jurídica, la inversión y la ejecución eficiente de la infraestructura pública en beneficio de todos los peruanos.

11 de junio de 2026

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